Este análisis de Zigma explora la configuración de los Gobiernos Locales, profundizando en el Diseño Electoral y las dinámicas que moldean las Carreras Políticas Subnacionales en Uruguay. A través de los datos del Monitor de Opinión, se examinan las tensiones entre representatividad y gobernabilidad, así como el consenso ciudadano sobre las reformas necesarias para la renovación y transparencia en los niveles departamental y municipal.

El balotaje en intendencias: una reforma que divide

Este bloque temático desplaza la atención hacia el nivel departamental y municipal. La primera pregunta aborda la posibilidad de introducir un mecanismo de segunda vuelta electoral para las intendencias cuando ningún candidato supera el 50% de los votos. A nivel agregado, el resultado muestra una sociedad dividida: el 32.7% está “muy de acuerdo” con introducir el balotaje, el 17.4% “algo de acuerdo” (sumando un 50.1% de apoyo), mientras que el 14.5% está “algo en desacuerdo” y el 35.4% “muy en desacuerdo” (49.9% de rechazo). Es una de las preguntas de respuesta más polarizada de toda la encuesta: tanto el apoyo como el rechazo se concentran en las categorías más extremas.

La lectura por bloques confirma que la polarización tiene una dimensión política nítida. Entre los votantes del FA, el rechazo al balotaje es mayoritario: el 43.5% está “muy en desacuerdo” con su introducción, y el total de rechazo alcanza el 56.5%. En contraste, el apoyo entre votantes de CR es mayor (52.2% combinando muy de acuerdo y algo de acuerdo), con un 47.8% de rechazo. El grupo Otros, llamativamente, es el que muestra el mayor apoyo neto al balotaje: el 50.0% está “muy de acuerdo” y solo el 23.3% “muy en desacuerdo”.

Apoyo al balotaje en intendencias por bloque político

La interpretación de esta divergencia requiere considerar el contexto estratégico de cada bloque en el escenario departamental. El Frente Amplio, que históricamente ha concentrado su apoyo en Montevideo y Canelones, gobierna actualmente estas intendencias con mayorías claras. La oposición al balotaje desde el FA puede reflejar, más que un cálculo estratégico puro, una preferencia doctrinal por el sistema de mayoría simple que ha regido históricamente las elecciones departamentales. Para la CR, la introducción del balotaje presentaría ventajas en aquellos departamentos donde el voto se fragmenta entre múltiples candidatos: en una segunda vuelta, la capacidad de articular apoyos cruzados entre PN, PC y PI podría traducirse en victorias que en primera vuelta quedarían en empate técnico.

La composición de las Juntas Departamentales: gobernabilidad versus representatividad

La segunda pregunta de este bloque plantea un dilema clásico del diseño electoral: la tensión entre gobernabilidad y representatividad en la composición de los cuerpos legislativos departamentales. El sistema vigente atribuye automáticamente 16 de los 31 escaños de cada Junta Departamental al partido ganador de la Intendencia, independientemente del porcentaje de votos obtenido. El 57.1% de los encuestados considera que esto “está mal” y que la Junta debería integrarse proporcionalmente a los votos; el 42.9% estima que el mecanismo actual “está bien” porque asegura que el intendente pueda gobernar.

Esta es la que produce divergencias interbloque más pronunciadas de todo el estudio. Entre los votantes del FA, el 61.1% considera que el sistema actual “está bien”, invirtiendo la tendencia general: son los únicos en respaldar la mayoría automática al ganador. En CR, la relación es inversa y aún más marcada: el 71.6% considera que el sistema “está mal” y que debería haber proporcionalidad. El grupo Otros comparte la orientación de CR (63.3% prefiere proporcionalidad).

Composición de Juntas Departamentales por bloque político

La interpretación de esta inversión de preferencias entre FA y CR constituye uno de los análisis más complejos del bloque subnacional. La explicación estratégica pura es incompleta, porque el FA no gobierna la mayoría de las intendencias del interior, donde la CR (fundamentalmente el PN) tiene predominio. Un análisis más detenido sugiere que la preferencia del electorado frentista por el statu quo podría reflejar también una valoración del principio de gobernabilidad como tal. En contraste, la fuerte preferencia de la CR por la proporcionalidad refleja el hecho de que en Montevideo la CR lleva décadas siendo oposición y obteniendo votos sin traducción en escaños proporcionales.

La remuneración de los ediles: un consenso reformista transversal

La tercera pregunta del bloque aborda uno de los aspectos más debatidos en la política departamental uruguaya: la remuneración de los ediles de las Juntas Departamentales. El sistema actual implica que los ediles no perciben un sueldo formal, sino partidas de gastos de diversa naturaleza, un esquema que ha sido cuestionado por su opacidad. Ante tres opciones, el 55.0% se inclina por la regularización vía sueldo fijo, el 26.5% por mantener el statu quo con partidas de gastos, y el 18.5% por la actividad completamente honoraria.

El nivel de consenso interbloque en esta pregunta es inusualmente alto. Los tres grupos coinciden en respaldar el sueldo fijo como primera opción (FA: 60.6%, CR: 50.9%, Otros: 53.3%). La principal divergencia aparece en el extremo honorario: mientras el 11.0% del FA prefiere que los ediles no perciban nada, esa opción sube al 21.9% en CR y al 26.7% en Otros. Esta gradación puede interpretarse como una diferencia de concepción sobre el carácter del cargo: para el FA, la representación política en cualquier nivel merece remuneración; para sectores de CR y Otros, la actividad cívica local puede tener un componente de servicio voluntario más pronunciado. El relativo consenso en favor del sueldo fijo tiene implicancias claras para eventuales reformas: una propuesta de regularización remunerativa de los ediles encontraría apoyo transversal.

Remuneración de ediles departamentales por bloque político

La reelección inmediata de intendentes: un consenso restrictivo

La cuarta pregunta plantea si los intendentes deberían tener la misma restricción que el Presidente y no poder ser reelectos inmediatamente. El resultado es claro: el 57.5% apoya equiparar las reglas de reelección entre el nivel nacional y departamental, frente al 42.5% que considera que está bien que los intendentes puedan repetir un período. La distribución por bloques muestra convergencia, aunque con diferencias de intensidad. CR es el bloque con mayor apoyo a la restricción (60.0%), seguido de Otros (58.6%) y FA (52.8%). La diferencia más notable es que el FA exhibe el mayor respaldo al statu quo (47.2%), lo que puede relacionarse con el hecho de que el FA tiene intendentes en ejercicio y la restricción inmediata afectaría más directamente a figuras políticas de ese espacio.

Restricción de reelección inmediata para intendentes por bloque

El límite máximo de períodos vitalicios: el consenso más robusto

La quinta y última pregunta del bloque consulta sobre la conveniencia de establecer un límite máximo de períodos en toda la vida para ocupar el cargo de intendente. El apoyo es el más alto de todo el bloque: el 78.3% combina “muy de acuerdo” (54.1%) y “algo de acuerdo” (24.3%), frente a un rechazo de apenas el 21.7%. La desagregación por bloques muestra convergencia, con CR mostrando el apoyo más alto (81.7% combinado), seguida de Otros (79.3%) y FA (73.2%). Las diferencias son menores que en otras preguntas, lo que refuerza la idea de que esta es una reforma con soporte transversal genuino.

Límite máximo de períodos vitalicios para intendentes por bloque

La lectura conjunta de las preguntas 4 y 5 de este bloque es reveladora. Los uruguayos apoyan mayoritariamente tanto la restricción de reelección inmediata como el límite absoluto de mandatos. Esta demanda de alternancia y renovación en el nivel departamental es coherente con el contexto político: Uruguay ha tenido intendentes con mandatos muy prolongados en algunos departamentos del interior, y la percepción de que las intendencias se vuelven “feudo personal” de un dirigente puede estar alimentando esta demanda de límites formales.

Monitor de Opinión de Zigma

El Monitor de Opinión de Zigma constituye un instrumento periódico de medición de actitudes ciudadanas sobre instituciones, procesos electorales y diseño del Estado en Uruguay. La edición aquí analizada, correspondiente al período comprendido entre el 24 de febrero y el 14 de marzo de 2026, aborda un conjunto de cuestiones de notable relevancia en el actual ciclo político: desde la fatiga generada por el extenso calendario electoral uruguayo hasta el diseño institucional de los gobiernos subnacionales, pasando por la visibilidad pública de cargos intermedios del Poder Ejecutivo. La encuesta fue realizada en modalidad digital con alcance nacional, sobre una muestra de 1.184 casos seleccionados mediante River Sampling entre mayores de 18 años con acceso a redes sociales. La metodología incluye ponderación por raking para controlar distribución por edad, género, nivel educativo y comportamiento electoral declarado.

Este Monitor también abordó: Dinámicas Electorales, y ¿Demasiados ministerios y un nuevo por crear?